La libertad de consumo y el estado paternalista

Escrito por Carla Olivieri, Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales USIL.

Cuando hablamos de derechos del consumidor, automáticamente se nos viene a la mente el “reclamo por lo justo”; es decir, recibir el producto o servicio por el cual pagué; lo cual es correcto.
  
Pero hay un derecho del consumidor que es tal vez el más importante de todos y que pocas veces le damos el peso que merece.  Es el derecho a la Libertad.  En consumo, lo podemos traducir al derecho de tener opciones y de escoger libremente. 

Muchas veces, por defender los derechos del consumidor en algunos sectores, el Gobierno confunde su rol. Este debe defender los derechos de sus ciudadanos, especialmente, los que se mencionan en los artículos I y 2 de nuestra constitución, referidos a nuestro derecho a la vida y a la libertad.
  
El Estado debe empoderar al ciudadano-consumidor con información para que tome sus propias decisiones. Sin embargo, últimamente vemos en el Perú a un Estado paternalista, que centraliza el poder a través de regulaciones y requisitos asumiendo una posición de superioridad, pensando que puede hacer las cosas mejor que cualquiera de nosotros y asumiendo que no somos capaces de tomar buenas decisiones.
  
Desconfía en sus ciudadanos y, sobrerregulando, el Estado termina trasladándose el poder del consumidor. Con la sobrerregulación, reduce las opciones y nuestra libertad para escoger y decidir.
  
Lo vemos en la elección de una AFP, en las dificultades que tienen algunas empresas de lanzar productos y servicios nuevos por la cantidad de regulaciones que deben de cumplir, o por regulaciones en ciertos sectores, como en la educación, por ejemplo, que estandarizan muchos conceptos del servicio a brindarse y, por ende, homogenizan la oferta, reduciendo nuestro portafolio para elegir.
  
El Estado debe dejar de monopolizar el proceso de toma de decisiones, confiar en sus ciudadanos y devolverle la libertad y el poder al individuo.  Confiar en el individuo también quiere decir que le traslada al individuo las consecuencias de sus decisiones. Pero debe confiar en que podremos decidir bien y darnos la libertad de escoger cómo vivir.

Un ejemplo son los millennials. Son un grupo de consumidores idealistas, aspiracionales, preocupados por el bien común, poco comprometidos, tal vez, pero valoran la libertad y su expresión como individuos por encima de todo.

Para ellos, el mundo es plano y nacieron con la tecnología como una extensión de sus manos; por ende, son capaces de informarse y encontrar respuestas a sus consultas de forma eficaz e inmediata.
  
Son consumidores desconfiados en el aparato de gobierno por lo que no valoran mucho su opinión, pero tienen un medio propio en el que sí confían para informarse, asesorarse y tomar decisiones.
  
¿En quiénes confían? En Google, en sus padres, en amigos. Confían más en estas fuentes que en cualquier otra. Para tomar una decisión importante primero investigan qué dice Google, luego ven qué dicen sus amigos a través de las redes y, finalmente, sus padres. La información que algún amigo comparte en sus redes sociales viene ya con un endoso de confianza; este es un influyente potente.

Como ciudadanos-consumidores, queremos entonces que el Gobierno actual o el que esté por entrar, defienda nuestro principal derecho: el de ser libres para tomar decisiones de consumo, que confíen en nosotros, nos empoderen con información y dejen el rol paternalista-regulador que nos perjudica tanto.

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LA LIBERTAD DE CONSUMO Y EL ESTADO PATERNALISTA
Escrito por Carla Olivieri, decana de la facultad de ciencias empresariales USIL. Cuando hablamos de derechos del consumidor, automáticamente se nos viene a la mente el "reclamo por lo justo"; es decir, recibir el producto o servicio por el cual pagué; lo cual es correcto. Pero hay un derecho del consumidor que es, tal vez, el más importante de todos y que pocas veces le damos el peso que merece. Es el derecho a la libertad. En consumo, lo podemos traducir en el derecho de tener opciones y de escoger libremente. 
 

Fuente: Diario Gestión / Opinión / Pág. 20 / 15-03-2016

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